La nueva reglamentación del procedimiento administrativo y sus implicaciones en favor del acceso de las personas a la administración pública

Trabajo de investigaciónLa ley 1437 de 2011 se constituye en el marco de referencia, bajo el cual se regirán los procedimientos en la administración pública en Colombia, permitiendo de esta manera a todos los funcionarios tener reglas claras que favorecerán el cumplimiento de sus funciones. También la norma promueve la protección de los derechos de las personas frente a la administración, favoreciendo la interacción efectiva entre el Estado y todos sus administrados. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituyó al anterior Código Contencioso Administrativo; y fundamenta sus modificaciones especialmente en el aspecto procedimental, que si bien en la anterior norma se contemplaban, en la ley 1437 se hacen más específicas y se mejoran en relación al tema de estudio que es el Procedimiento Administrativo.PregradoAbogad

El derecho y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

206 p.En cada uno de los nuevos escenarios del sector de las (TIC), el derecho ha entrado, o está en proceso de hacerlo, a comprender y regular de una forma un tanto abrupta e improvisada la interacción que se presenta entre el Estado, los ciudadanos y los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Esta situación se evidencia, principalmente, por el avance desenfrenado de dichas tecnologías, que, de una forma profunda, han transformado los distintos escenarios sociales y que impiden que el derecho cree los espacios y los tiempos necesarios para una adecuada reflexión y un debate generador de normas afines al tema de las TIC. Por tal motivo, podemos observar cómo en distintas situaciones se crean normas carentes de un paraguas que cubra la total complejidad de sus situaciones, y que hacen necesaria la reflexión posterior de las normas o de nuevos escenarios no contemplados por la ley. Aunque desde el inicio mismo de las telecomunicaciones en Colombia, podemos hablar de una relación entre el derecho y las TIC, y si bien se han dictado leyes importantes en la materia, como la Ley 54 de 1973 (la cual aprobó el acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite [Intelsat]), la Ley 46 de 1985 (que aprobó el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para Colombia) o la Ley 252 de 1995 (que aprobó la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones), nos ubicamos en los años finales del siglo XX para hablar del surgimiento de los cambios más significativos que han dado origen a situaciones como la Internet, las redes sociales, el comercio electrónico, la brecha digital, el ciberespionaje, los delitos electrónicos, la protección de datos personales o la administración electrónica, y que, a su vez, han generado la necesidad de una nueva legislación, a escala nacional e internacional, para regular esas realidades sociales.Prólogo Introducción. Sobre el derecho y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Capítulo 1. El régimen de responsabilidad de la Administración Pública colombiana por la publicación de contenidos mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) Capítulo 2. El comercio electrónico y sus paradigmas en torno al derecho del consumo en Colombia Capítulo 3. Revisión del marco teórico para establecer responsabilidades sobre el Estado en sus relaciones con los proveedores de servicios de telecomunicaciones Capítulo 4. La incidencia del modelo español en el registro nacional de bases de datos colombiano como herramienta de supervisión y control Capítulo 5. La fundamentación de los derechos: el caso del derecho a la inclusión digital Bibliografí

Evolución de la gestión de plusvalías urbanas en Bogotá: un análisis crítico del proceso 10 años después de la instauración del Plan de Ordenamiento Territorial

Dada la pertinencia que el tema tiene particularmente en este momento dentro de las discusiones de gestión territorial local en Bogotá, es pertinente hacer un reconocimiento del recorrido que este instrumento ha tenido desde su incorporación a la estructura normativa urbana en la Ley 388 de 1997, y desde allí, el tránsito que ha tenido en su implementación administrativa con las posibles desviaciones que en su desarrollo conceptual y administrativo ha podido tener hasta la fecha, con motivo de la revisión establecida por la ley del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá (Decreto Distrital 619/2000). El enfoque de manera específica en torno al análisis de la evolución de este instrumento planteado en la Ley de Desarrollo Territorial, puede definir a grandes rasgos cuestiones como su definición en lo legislativo, los cambios que esta ha sufrido en el tránsito de las discusiones en escenarios políticos y administrativos para su instrumentalización y operativización, las consecuencias que dichas discusiones y transformaciones dentro de su reglamentación han tenido en torno a la gestión territorial urbana de Bogotá, y la definición unitaria o no del concepto de plusvalía urbana para los diferentes niveles y las diferentes instituciones administradoras del territorio participantes en el procesoGiven the pertinence the subject particularly has in this moment among the discussion about the local territorial administration in Bogotá, it is important to acknowledge the path this has had since it's incorporation in the legal structured in Law 388 of 1997, and from there, the transition int's implementation has had with deviations it's administrative and conceptual development has had until now, as a consequence of the revision established by the Land Use Plan Law for bogotá (District Decree 619 of 2000) The specific focus around the analysis of the evolution of this instrument established in the lan use plan law can define broadly questions such as its legislative definition, the changes it has sufered in the discussions in political and administrative sceneries for its instrumentalization and operativeness, the consequences such discussions and transformations have had within the regulation of the urban territorial administration in Bogotá, and the definition, unique or not, of the concept of urban plusvalue in the different levels and different administrative institutions that administer the territory participant in this processPeer Reviewe

La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

216 p.El presente libro fue elaborado por le grupo de investigación en Derecho Público y TIC, G-TICCY de la Universidad Católica de Colombia, como resultado del proyecto de investigación sobre la responsabilidad del Estado por la utilización de las administraciones públicas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación – TIC, atendiendo especialmente la promoción y respeto de los derechos fundamentales en general, la protección de los datos, las actuaciones administrativas respecto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y la generación y difusión de contenidos en Internet a través del gobierno en línea. Se ha pretendido en este libro, no solo plantear una serie de problemas todos ligados a la responsabilidad del Estado, sino analizar que estos explican diversos niveles de esta responsabilidad, difusa cuando el modelo de aplicación se refiere a asuntos típicos de marcos regulatorios generales y concreta cuando hace referencia directamente a derechos fundamentales.Prólogo Introducción Capítulo 1. Responsabilidad del Estado, derechos y TIC Capítulo 2. Las obligaciones del Estado: el nuevo derecho fundamental de acceso a Internet y las garantías a partir de la redefinición de las clásicas libertades informativas Capítulo 3. La responsabilidad patrimonial de la administración pública por la publicación de contenidos en Internet Capítulo 4. El derecho a la protección de datos personales y la responsabilidad de la administración pública en el tratamiento de datos personales Capítulo 5. Marco general de la responsabilidad del Estado colombiano por las actuaciones de los proveedores de servicios de telecomunicaciones - PST Conclusiones Bibliografí

Las acciones populares y su incidencia en la gestión pública ambiental

Las acciones populares, como instrumento de participación judicial, permiten a la ciudadanía invocar la defensa del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y por ende, potencializan a la gestión pública ambiental en sus instrumentos y procesos para corregir disfuncionalidades que limitan su accionar en la administración de los recursos naturales. Estas acciones se han convertido en un factor que aporta, desde la juridicidad, nuevos conocimientos y enfoques técnicos para el desarrollo de prácticas sociales y, sobre todo, para cualificar la gestión pública ambiental, reducir las inconsistencias y la confrontación de criterios contrarios. El estudio de los temas ambientales desde la perspectiva de la participación y el control social, permite ahondar en la comprensión de la importancia de un instrumento que, como las acciones populares, cualifica los procesos administrativos y las interacciones entre las instancias públicas y la ciudadanía. En ese sentido, el presente trabajo de investigación realiza un análisis -fundamentado en categorías de la ciencia jurídica destacando sus elementos y efectos de la perspectiva ambiental,- y en el examen de la evolución de tres procesos concretos: la desafectación de 963 hectáreas de la Reserva de los Cerros Orientales de Bogotá Distrito Capital, la contaminación del Río Bogotá y la protección del Humedal El Burro, con el propósito de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera una Acción Popular encaminada a proteger el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, incide en la Gestión Pública Ambiental? Los fallos judiciales enunciados repercutieron en el mejoramiento de la gestión pública. Popular actions, as an instrument of judicial participation, allow citizens to invoke the defense of the collective right to enjoy a healthy environment and therefore, empower public environmental management in its instruments and processes to correct dysfunctionalities that limit its actions in the Management of natural resources.These actions have become a factor that contributes, from the juridicity, new knowledge and technical approaches for the development of social practices and, above all, to qualify the environmental public management, to reduce the inconsistencies and the confrontation of contrary criteria. The study of environmental issues from the perspective of participation and social control allows us to deepen the understanding of the importance of an instrument that, like popular actions, qualifies administrative processes and interactions between public bodies and citizens. In this sense, the current research work is based on analysis of legal elements of environmental science and its analysis of the evolution of three specific processes: the depletion of 963 hectares of Reserve of the Eastern Hills of Bogotá Distrito Capital, contamination of the Bogota River and protection of the El Burro Wetland, with the purpose of answering the following research question: How does a Popular Action aimed at protecting the collective right to enjoy a healthy environment, affects the Public Environmental Management? The judgments handed down reflected the improvement of public management.Magíster en Gestión AmbientalMaestrí

El debido proceso: Requisito Sine Qua Non de validez y procedencia para la expropiación del Country Club

Al desglosar los resultados y conclusiones descollantes para el caso sui generis, se contextualizó, prima facie, como problema de investigación, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al no pronunciarse de fondo sobre la legalidad del acto de expropiación de 76.800 metros cuadrados del Country Club, afectó la celeridad de los procesos en detrimento del interés general. En consecuencia, se vislumbró que la aplicación de la novedad científica (debido proceso) en el caso referente, orientará un pronunciamiento de fondo (sentencia) respecto a la evaluación de la legalidad del acto expropiatorio. Lo anterior, en aras de constituir la primacía del interés general sobre el particular y el óptimo acceso a la administración de justicia, no en vano, la consolidación superlativa de la justicia es uno de los tantos criterios vitales del antropocentrismo del derecho, y de paso, el argumento y razón angular para la realización de esta investigación

Encuadre sistemático de la regulación de telecomunicaciones en el esquema de fuentes del derecho administrativo colombiano

26 páginasPese a no gozar de reconocimiento constitucional, la autonomía y especialidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (crc) existe y es un dato clave para la existencia de la regulación en el sector de las tic. Esto, debido a que el legislador, en desarrollo de la reserva de ley en materia de servicios públicos, definió y programó el ámbito de competencia de este órgano y tomó así una decisión que no solo configuró un ámbito positivo e inalienable de decisión en cabeza de aquella, sino que además delimitó una esfera en la que resultan vedadas las injerencias de otras autoridades. La competencia regulatoria expresamente atribuida por la ley a la crc excluye la posibilidad de que otra autoridad, con independencia de su rango, pretenda rivalizar con ella en el ejercicio de esa competencia. La norma regulatoria en materia de tic surge así como una norma subordinada a la Constitución, la ley, los decretos reglamentarios y la política gubernamental, pero dotada de un ámbito normativo propio, esto es, no residual. Por ende, resultaría contrario a la ley que el presidente de la República, en ejercicio de su competencia para reglamentar la ley, se tome atribuciones que no le corresponden y desborde la esfera de sus facultades adoptando decisiones de contenido regulatorio

Los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, y su inclusión como modalidad en el estatuto general de la contratación estatal

El manejo de los recursos públicos, a través de la actividad contractual del Estado, reviste vital importancia en la gestión pública, en la medida que de ella depende la realización de los fines del Estado. La actividad contractual, no puede ser ajena a los principios de la función administrativa contemplados en el Artículo 209 de la Constitución Política, los cuales se erigen como postulados fundamentales de la gestión pública, con el propósito de que los fines del Estado se cumplan, de manera eficiente, responsable, transparente y eficaz. Nuestra legislación en aras de lograr la correcta inversión de los recursos públicos consagró procedimientos que, enmarcados dentro de unos principios de rango constitucional y legal, cuyo propósito es garantizar la distribución justa y equitativa de los mismos, a través, de la colaboración de los particulares que en condiciones de igualdad e imparcialidad participan en la actividad contractual del Estado. No obstante, en el desarrollo normativo de la actividad contractual para el manejo de los recursos estatales y la búsqueda de la eficiencia de la gestión pública, escapó por más de 25 años la figura de los Convenios de Asociación, habida cuenta de que su origen se remonta a la Constitución Política que los consagra en su Artículo 355, reglamentado en su primera etapa por los Decretos 777, 1403 de 1.992 y 2459 de 1993 y en la actualidad por el Decreto 092 de 2017. Si bien el Gobierno nacional, al expedir el decreto 092 de 2017, hizo un intento por armonizar los convenios de asociación al Estatuto general de la contratación pública y a los principios que lo rigen, fue tímido en la estructuración de un proceso de selección propio y autónomo para esta tipología contractual y en determinar de manera específica unos criterios que garantizaran la selección objetiva de la ESAL, más idónea y conveniente para el cumplimiento del objeto contractual en beneficio social de la población más vulnerable con un eficiente y eficaz gasto público en desarrollo de su actividad de fomento o impulso de las organizaciones no lucrativas, para el cabal cumplimiento de su misión de servicio comunitario.The management of public resources, through the contractual activity of the State, is of vital importance in public management, to the extent that the achievement of the State's purposes depends on it. The contractual activity can not be alien to the principles of the administrative function contemplated in Article 209 of the Political Constitution, which are established as fundamental postulates of public management, with the purpose that the purposes of the State are fulfilled, of efficient, responsible, transparent and effective way. Our legislation in order to achieve the correct investment of public resources enshrined procedures that, framed within principles of constitutional and legal rank, whose purpose is to ensure the fair and equitable distribution of these, through the collaboration of individuals that under conditions of equality and impartiality they participate in the State's contractual activity. However, in the normative development of the contractual activity for the management of state resources and the search for the efficiency of public management, the Association Agreements figure escaped for more than 25 years, given that its origin was It goes back to the Political Constitution that enshrines them in its Article 355, regulated in its first stage by Decrees 777, 1403 of 1992 and 2459 of 1993 and currently by Decree 092 of 2017. Although the national Government, when issuing the decree 092 of 2017, made an attempt to harmonize the association agreements to the General Statute of public procurement and to the principles that govern it, was timid in the structuring of an own and autonomous selection process for this contractual typology and in determining in a specific criteria that guarantee the objective selection of the ESAL, more suitable and convenient for the fulfillment of the contractual object for the social benefit of the most vulnerable population with an efficient and effective public expenditure in development of its activity of promotion or promotion of non-profit organizations, for the full accomplishment of its mission of community service